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Un reconocimiento a la trayectoria en la defensa de los DD.HH.

En 2020 y de forma excepcional debido a la pandemia, la ceremonia de condecoración se realizó en forma virtual, otorgando el Premio a la Trayectoria a María Eliana Vega Soto, periodista, activista, escritora, especializada en temas vinculados a los Derechos Humanos y actualmente Presidenta del Colegio de Periodistas Regional Biobío.

María Eliana Vega nació en Coyhaique, y en 2017 fue galardonada con el Premio a los Derechos Humanos, en la categoría Prensa Regional del Museo de la Memoria 2017 y con la medalla al mérito Pencopolitano “René Louvel Bert”, a la Vecina Destacada de Concepción 2018.

Estudió en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inició sus labores profesionales en el diario vespertino Crónica de Concepción en 1983. También fue corresponsal de Diario La Nación (1990-2003) y reportera y editora en diario Crónica de Concepción entre 2003 y 2006 (hoy Diario La Estrella).

Poco después de titularse, ingresó a la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción y estuvo a cargo de la unidad de comunicaciones (1985-1990), editando el Boletín Derechos Humanos. Esta labor marcó su opción por los derechos humanos, que se mantiene inalterable hasta hoy, contribuyendo con sus libros y publicaciones al rescate de la memoria, sobre todo en regiones.

María Eliana documentó la lucha callejera de los años 80, escribió sobre los principales casos de violaciones a los derechos humanos en la zona, y abordó la labor de la Iglesia de Concepción ante la represión, también las retenciones en el Estadio Nacional en Santiago y la historia de Sebastián Acevedo, obrero inmolado en la Plaza de la Independencia ante la detención ilegal de sus hijos.

Debido a su dedicación archivística documentó la historia del carbón y el cierre de las faenas de la mina Lota. Se vinculó con la vida de los obreros, pescadores y algueras, la situación de los enfermos con VIH sida en los años 90, para luego develar los impactos ambientales y sociales de los proyectos de inversión, constatando así las violaciones de derechos en lo político, social, económico y cultural.